Bloomberg Línea — Convocar a consulta popular al pueblo colombiano vía decreto se podría convertir en la estocada final de una relación, ya deteriorada, entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República y vulnerar la Constitución Política, dijeron analistas consultados.
El anuncio del martes del presidente Petro de convocar por decreto una consulta popular esta misma semana, y “ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas”, está basado en presuntos vicios constitucionales que el gobierno sostiene que se presentaron en el trámite de la misma en el legislativo.
Eduardo Montealegre, asesor jurídico del Gobierno Petro y exfiscal general de la Nación, dice que la Presidencia de la República, después de un estudio muy serio, encontró que, en el trámite de la consulta popular en el Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad.
“Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República”, dijo Montealegre. “En ese caso, por los vicios de inconstitucionalidad, como la decisión del Congreso jurídicamente es inexistente, el presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio".
Sin embargo, para Efraín Cepeda, presidente del Senado, el panorama legal es diferente: “si Petro decreta la consulta popular estaría violentando todas las leyes y la justicia colombiana”.
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Cepeda dice que, si se presenta el decreto de convocatoria a la consulta, lo demandarán de manera inmediata porque la consulta popular se negó en la plenaria del Senado, “así que no hay manera de que el señor registrador acepte convocar a una consulta popular”.
Para Fernando Posada, consultor político, lo que quiere hacer el jefe de Estado constituye un grave incumplimiento con las normas establecidas por la Constitución frente a los mecanismos de participación popular.
“En el caso de la consulta popular, puede ser convocada por el Gobierno Nacional, pero tiene que ser aprobada tras una discusión en el Senado de la República, algo que ya ocurrió y donde no fue aprobada”, dijo.
Refirió que el Congreso, en este momento, está siendo esquivado por el Gobierno y que su legitimidad está siendo completamente puesta en duda, lo cual es un grave daño institucional.
“Todo esto constituye una ruptura del presidente con el Congreso, pero eso de ninguna manera puede llevar a incumplir o saltar las normas establecidas por la Constitución”, agregó Posada.
La última palabra
Lo cierto es que la Corte Constitucional es la que tiene la última palabra en este caso, si se convoca la consulta popular vía decreto, pues tendría que hacerle un control de constitucional a la normativa, y eso puede tardar.
Entre tanto, el mandatario colombiano ha manifestado su afán para, no sólo expedir el decreto, sino para poner en marcha la votación de la consulta.
Carlos Arias, doctor en Psicología Política de la Universidad Católica de Colombia y gerente de la firma Estrategia & Poder, le dijo a Bloomberg Línea que la consulta popular establecida por decreto tiene muy pocas posibilidades de pasar los exámenes de constitucionalidad por parte de la Corte constitucional y el Consejo de Estado.
Sobre lo anterior, argumentó que más allá de definirse como una ruptura entre Petro y el Congreso, establece una afrenta a la Constitución de 1.991 y a la separación de poderes, “dado que el presidente estaría decretando algo que debió haber sido aprobado por el Congreso”.
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También dijo que la estrategia de Petro hoy es construir una agenda mediática que posicione los temas más importantes, desde lo político y desde el poder, hacia las elecciones de 2026 “y que desplaza completamente su obligación de gobernar y de gestionar proyectos y realidades que mejoren la calidad de vida de los colombianos”.
¿Qué dice el sector privado?
Para el Consejo Gremial, organismo que reúne a los gremios más representativos de Colombia, el anuncio de Petro vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, y representa una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política.
“Desde el Consejo Gremial reiteramos que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo”, dicen los empresarios.
Y agregan que saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país.
Con esa percepción, la Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales Aliadas señaló que el hundimiento de la consulta popular en el Senado es una decisión legítima, válida y debe ser acatada.
“Ignorarla compromete la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de derecho”, dijo.
Cualquier intento de eludir lo decidido por el Congreso representa una vulneración al orden constitucional, refiere la agremiación, y también aclara que el principio democrático exige que las reglas se respeten, incluso cuando las decisiones no sean compartidas.
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“Nadie está por encima de la Constitución: Ni las instituciones, ni los funcionarios, ni los poderes del Estado”, especifica Aliadas.
Y añade que a esto se suma una grave preocupación: se pretende convocar una consulta nacional en un contexto de déficit fiscal severo, cuando millones de colombianos reclaman soluciones urgentes en salud, educación, empleo y seguridad. “Destinar recursos públicos a una propuesta que ya fue rechazada institucionalmente contradice las prioridades del país.
